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La Corte Constitucional determinó que el cumplimiento de la orden relacionada con la medición de las acciones de tutela correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 es insuficiente. Estas mediciones están dirigidas a resolver los problemas jurídicos establecidos en la Sentencia T-760 de 2008.

En el Auto 1280 del 3 de septiembre de 2025, se verificó la cantidad de tutelas en salud radicadas: (i) 87.621 en 2021; (ii) 141.234 en 2022; (iii) 191.190 en 2023; y (iv) 219.249 en 2024, evidenciando un crecimiento sostenido año tras año. Además, en el primer trimestre de 2025 se presentaron 73.393 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, lo que representa un aumento del 25,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Esto confirmó una tendencia creciente en el uso de este mecanismo y una continua dependencia del mismo para acceder a servicios de salud.

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2025

La Corte evaluó los informes de medición de tutelas de 2022, 2023 y 2024 entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social. La Sala encontró que los documentos no podían compararse debido a diferencias significativas en las metodologías aplicadas por la entidad en cada año. Esto significó un retroceso en la calidad y constancia de las mediciones y dificultó su seguimiento. Sin embargo, el Ministerio avanzó en la construcción de una base de datos propia.

También se identificó que: (i) los años 2022, 2023 y 2024 tuvieron metodologías distintas; (ii) las tutelas aumentaron, pues según el Ministerio, por cada 1.000 afiliados se registraron 3,04 en 2022, 3,81 en 2023 y 4,75 en 2024; (iii) en 2024 se analizaron todos los problemas jurídicos definidos en la Sentencia T-760 de 2008, mientras que en 2022 y 2023 solo se evaluaron 9 y 13 de los 17, respectivamente; y (iv) hubo dificultades para aplicar los indicadores del goce efectivo del derecho a la salud, debido a la falta de claridad, continuidad y uniformidad en su presentación.

Por la ausencia de una metodología consistente no fue posible estudiar las tutelas presentadas por municipios ni identificar las principales fallas estructurales, funcionales o financieras de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Ante este panorama, la Sala Especial declaró un nivel de cumplimiento bajo, ya que solo se reportaron medidas en algunos componentes y muchas no tuvieron resultados comprobados. Se ordenó al Ministerio de Salud, entre otras cosas, explicar por qué abandonó la metodología utilizada hasta 2021 y adoptó diferentes esquemas en los tres años evaluados. También se le exigió presentar un informe relacionado con los indicadores del Goce Efectivo del Derecho.

Auto 1280 de 2025
M.P. José Fernando Reyes Cuartas

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